Improcedencia de la acción declarativa habiendo cesado la situación de incertidumbre

La cámara dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 5°, inc. b), del decreto 1058/14 y ordenó a la demandada que dictara un acto administrativo reconociendo el derecho de la actora a percibir la pensión graciable en los términos del art. 3° de la ley 26.913 -Régimen Reparatorio para ex presos políticos-. El Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- interpuso un recurso extraordinario y la Corte revocó el pronunciamiento apelado. Tuvo en cuenta que la admisibilidad de la acción mere declarativa se halla supeditada a la inexistencia de otra vía legal para hacer cesar la incertidumbre y que el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación asigna a la acción carácter subsidiario, lo que obsta a su admisión en casos en que el ordenamiento jurídico prevé vías procesales específicas e idóneas para debatir la cuestión y que permiten aventar la falta de certidumbre. Señaló que al cónyuge de la actora se le había otorgado el beneficio previsto por la ley 24.043 aunque no llegó a percibirlo debido a su fallecimiento. La actora consideró que quedaba comprendida en los términos de la ley 26.913, solicitó la pensión graciable establecida por sus arts. 1° y 3° y, ante la falta de respuestas y con la incertidumbre acerca de su derecho a percibir el beneficio, inició la acción declarativa de certeza. A los pocos meses su solicitud fue rechazada por la Secretaría de Derechos Humanos, lo cual fue debidamente notificado. Concluyó así el Tribunal que, si bien era posible que la dilatada demora en resolver su reclamo tuviera entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre acerca del derecho que le asistía, la notificación de la denegación del beneficio disipó cualquier duda que pudiera tener. Resultaba claro, por ello, que a partir de ese momento ya no se encontraban reunidos los recaudos que exige el ordenamiento procesal para el ejercicio de la acción declarativa y se había tornado inoficioso un pronunciamiento al respecto. Recurso Queja Nº 1 - OSTAPEZUK, OLGA c/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH- ENA s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO

Determinación de la pena - Condenado menor de edad

Un menor fue condenado por un tribunal de responsabilidad penal juvenil a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y costas por el delito de homicidio en grado de tentativa, al considerar que era necesaria la imposición de una pena en los términos del artículo 4 de la ley penal juvenil n° 22.278 y aplicar la reducción facultativa de la escala penal “en la forma prevista para la tentativa” allí prevista. La cámara hizo lugar al recurso del fiscal y readecuó la pena, que fijó en 9 años de prisión. La defensa interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley que fue rechazado por la corte provincial. La Corte dejó sin efecto este pronunciamiento. Recordó que la determinación de la pena, además de compadecerse formalmente con la escala autorizada por la figura que reprime la conducta ilícita que se le reprocha al condenado, debe ser adecuadamente fundada de conformidad con las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal y, en el caso de los menores de edad, debe también tenerse en cuenta lo previsto en la ley 22.278. Agregó que no se trata de un mero cálculo matemático o una estimación dogmática, sino de la apreciación de los aspectos objetivos del hecho mismo y de las calidades de su autor que deben ser ponderados conjuntamente y que el artículo 18 de la Constitución Nacional no sólo exige que los jueces expresen las razones en las que se encuentra fundada la responsabilidad o irresponsabilidad del procesado, sino también aquellas en que se apoyan la naturaleza o intensidad de la consecuencia jurídica correspondiente. Señaló que las afirmaciones del superior tribunal local eran dogmáticas y se apartaban de las constancias de la causa ya que la recurrente había fundado sus dos agravios con claridad. En efecto, la defensa había insistido en que la cámara se había apartado del precedente “Maldonado” (Fallos: 328:4343) pues, al triplicar la cuantía de la pena, solamente había valorado genéricamente las circunstancias agravantes señaladas en el referido artículo 41, sin hacer mención de la minoridad del condenado. Asimismo, había expresado que la cámara había omitido considerar todas las circunstancias relativas al aspecto subjetivo y a la reintegración social del imputado, que habían sido valoradas fundadamente por el tribunal del juicio. C., E. D. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY

Acción declarativa de inconstitucionalidad y ausencia de conflicto cierto y actual de intereses

La Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente promovió una acción declarativa contra la Provincia de Misiones, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 2° de la ley provincial XIX 58, así como de cualquier otra norma, resolución o circular, dictada en su consecuencia. La Corte, que en un pronunciamiento anterior había declarado su competencia originaria para entender en la causa, rechazó esta demanda. Recordó en primer lugar que la lesión que debe estar presente al promoverse una acción declarativa de inconstitucionalidad es aquella que se ha concretizado en un acto administrativo dirigido contra los intereses legítimos de la parte actora de modo directo e inmediato. Tuvo en cuenta que la demandante, si bien había invocado posibles conflictos normativos entre la ley provincial y las normas nacionales, no había probado que al momento de iniciarse la demanda existiera algún acto de autoridad competente que hubiera aplicado la ley con lesión de sus derechos o intereses ni había demostrado que esa lesión sea un efecto directo de la ley impugnada. Señaló que la demanda declarativa fue iniciada el 3 de diciembre de 2013, antes de que la ley XIX 58 entrara en vigencia, lo que recién sucedió con la publicación del decreto 19 del 15 de enero de 2014. Concluyó así el Tribunal que la discusión entre las partes no se refería a un conflicto cierto y actual de intereses, sino a un conflicto hipotético que podría tener lugar si autoridades de la provincia demandada adoptasen una interpretación de la norma cuestionada como la temida por la actora, lo cual no fue siquiera alegado, mucho menos probado, por ella. Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Misiones, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad

Explotación petrolera y daño ambiental

Mediante una demanda de amparo colectivo ambiental los actores solicitaron el cese de la actividad petrolera en el yacimiento Caimancito —que denuncian como ubicado en el Parque Nacional Calilegua— por resultar manifiestamente contraria a la legislación aplicable en la materia (en especial, artículos 41 de la Constitución Nacional y 4°, 5°, 27 y siguientes de la Ley General del Ambiente 25.675, así como la recomposición del daño ambiental generado a raíz de dicha explotación y del abandono irregular del pozo Ca.e3 ubicado en el área CNO-4 Río Colorado. La Corte, en el marco de su competencia originaria, hizo lugar parcialmente a la acción. Concluyó que, teniendo en cuenta que la explotación impactaba en un área de bosques nativos de muy alto valor por su biodiversidad (categoría I) que impedía todo tipo de transformación y considerando que ninguna de las demandadas había explicado cómo la prosecución de la actividad petrolera encuadraría dentro de una de las actividades legalmente permitidas, la continuación de la explotación hidrocarburífera resultaba manifiestamente ilegal y debía cesar. También consideró acreditado un daño ambiental ilícito derivado de la existencia y mantenimiento de los pozos petroleros inactivos en los que no se habían implementado los mecanismos de abandono exigidos por las normas aplicables para evitar la contaminación ambiental y que, en razón de ello, el pozo mencionado colapsó en el año 1997 y generó severos daños ambientales en la zona, entre los que se destaca la contaminación del arroyo Yuto. Expresó el Tribunal que se hallaba demostrado el claro incumplimiento de los deberes que la ley 17.319 impone a quienes realicen actividades de explotación de hidrocarburos, especialmente el de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan daños en el yacimiento con motivo del abandono de los pozos y que los daños generados como consecuencia de esos incumplimientos ponían de manifiesto que el Estado Nacional y la Provincia de Jujuy tampoco cumplieron con sus respectivos deberes de fiscalización como órganos de aplicación de la actividad. Señaló que la responsabilidad del Estado Nacional y de la provincia demandada por los incumplimientos y por la consecuente producción del daño ambiental comprobado en la causa resultaba evidente en tanto ostentaron, respectivamente en las distintas etapas de la explotación, el poder de policía ambiental y contralor sobre las actividades que autorizaron y sobre las concesiones que otorgaron y, por consiguiente, debían responder solidariamente por los daños ambientales. La Corte, finalmente, condenó a la provincia y a las empresas demandadas, a implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo y de la actividad petrolera del yacimiento, que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos y legales establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y por la Administración de Parques Nacionales, en un plazo que tendrá como fecha límite para su conclusión el 31 de diciembre del año 2030 o el menor plazo razonable que establezca el Estado Nacional con la Provincia de Jujuy. SAAVEDRA, SILVIA GRACIELA Y OTRO c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE PARQUES NACIONALES ESTADO NACIONAL Y OTROS s/AMPARO AMBIENTAL

Honorarios profesionales: valor del bien inmueble para la determinación del monto del proceso

La cámara dejó sin efecto la base regulatoria según el monto fijado en el boleto de compraventa, y fijó la base regulatoria en la valuación acompañada por los letrados, pues interpretó que la demandada no había formulado su propia estimación del valor de los inmuebles en los términos de la ley de honorarios. La Corte consideró que ésta era una interpretación arbitraria de la normativa arancelaria aplicable y dejó sin efecto la sentencia. Según la Corte, resultó excesivo considerar que la demandada no había efectuado su propio cálculo del valor de los inmuebles. Así - sostuvo - mientras los letrados solicitaron la fijación del monto del proceso a los fines arancelarios en la tasación que acompañaron, la demandada había impugnado esa tasación manifestando que debía considerarse el valor del inmueble contenido en el boleto de compraventa, y, en subsidio, la designación de un perito tasador en los términos del artículo 23, segunda parte, de la ley 21.839. Según el Tribunal la ley arancelaria no exige ninguna formalidad en el modo de valuar los bienes y que no obliga a tasar el bien, sino que invita a las partes a que manifiesten en tal sentido. Concluyó entonces que se había impuesto a la accionada una carga procesal desmedida que excedía la finalidad de la norma, que no es otra que evidenciar el disenso con la estimación de la otra parte en el proceso y establecer los valores de referencia para discernir quién cargará con las costas de la tasación judicial a practicar. Agregó que, ante la disconformidad de la recurrente con la estimación efectuada por los letrados, no correspondía que la cámara estableciera la base regulatoria sino que ordenara que se cumpliera con el trámite previsto en la segunda parte del artículo 23 ya mencionado. Recurso Queja Nº 2 - CAMBREA, JUAN RODOLFO c/ CEAMSE s/ESCRITURACION

Improcedencia de la acción declarativa habiendo cesado la situación de incertidumbre

La cámara dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 5°, inc. b), del decreto 1058/14 y ordenó a la demandada que dictara un acto administrativo reconociendo el derecho de la actora a percibir la pensión graciable en los términos del art. 3° de la ley 26.913 -Régimen Reparatorio para ex presos políticos-. El Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- interpuso un recurso extraordinario y la Corte revocó el pronunciamiento apelado. Tuvo en cuenta que la admisibilidad de la acción mere declarativa se halla supeditada a la inexistencia de otra vía legal para hacer cesar la incertidumbre y que el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación asigna a la acción carácter subsidiario, lo que obsta a su admisión en casos en que el ordenamiento jurídico prevé vías procesales específicas e idóneas para debatir la cuestión y que permiten aventar la falta de certidumbre. Señaló que al cónyuge de la actora se le había otorgado el beneficio previsto por la ley 24.043 aunque no llegó a percibirlo debido a su fallecimiento. La actora consideró que quedaba comprendida en los términos de la ley 26.913, solicitó la pensión graciable establecida por sus arts. 1° y 3° y, ante la falta de respuestas y con la incertidumbre acerca de su derecho a percibir el beneficio, inició la acción declarativa de certeza. A los pocos meses su solicitud fue rechazada por la Secretaría de Derechos Humanos, lo cual fue debidamente notificado. Concluyó así el Tribunal que, si bien era posible que la dilatada demora en resolver su reclamo tuviera entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre acerca del derecho que le asistía, la notificación de la denegación del beneficio disipó cualquier duda que pudiera tener. Resultaba claro, por ello, que a partir de ese momento ya no se encontraban reunidos los recaudos que exige el ordenamiento procesal para el ejercicio de la acción declarativa y se había tornado inoficioso un pronunciamiento al respecto. Recurso Queja Nº 1 - OSTAPEZUK, OLGA c/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH- ENA s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO

Determinación de la pena - Condenado menor de edad

Un menor fue condenado por un tribunal de responsabilidad penal juvenil a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y costas por el delito de homicidio en grado de tentativa, al considerar que era necesaria la imposición de una pena en los términos del artículo 4 de la ley penal juvenil n° 22.278 y aplicar la reducción facultativa de la escala penal “en la forma prevista para la tentativa” allí prevista. La cámara hizo lugar al recurso del fiscal y readecuó la pena, que fijó en 9 años de prisión. La defensa interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley que fue rechazado por la corte provincial. La Corte dejó sin efecto este pronunciamiento. Recordó que la determinación de la pena, además de compadecerse formalmente con la escala autorizada por la figura que reprime la conducta ilícita que se le reprocha al condenado, debe ser adecuadamente fundada de conformidad con las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal y, en el caso de los menores de edad, debe también tenerse en cuenta lo previsto en la ley 22.278. Agregó que no se trata de un mero cálculo matemático o una estimación dogmática, sino de la apreciación de los aspectos objetivos del hecho mismo y de las calidades de su autor que deben ser ponderados conjuntamente y que el artículo 18 de la Constitución Nacional no sólo exige que los jueces expresen las razones en las que se encuentra fundada la responsabilidad o irresponsabilidad del procesado, sino también aquellas en que se apoyan la naturaleza o intensidad de la consecuencia jurídica correspondiente. Señaló que las afirmaciones del superior tribunal local eran dogmáticas y se apartaban de las constancias de la causa ya que la recurrente había fundado sus dos agravios con claridad. En efecto, la defensa había insistido en que la cámara se había apartado del precedente “Maldonado” (Fallos: 328:4343) pues, al triplicar la cuantía de la pena, solamente había valorado genéricamente las circunstancias agravantes señaladas en el referido artículo 41, sin hacer mención de la minoridad del condenado. Asimismo, había expresado que la cámara había omitido considerar todas las circunstancias relativas al aspecto subjetivo y a la reintegración social del imputado, que habían sido valoradas fundadamente por el tribunal del juicio. C., E. D. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY

Acción declarativa de inconstitucionalidad y ausencia de conflicto cierto y actual de intereses

La Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente promovió una acción declarativa contra la Provincia de Misiones, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 2° de la ley provincial XIX 58, así como de cualquier otra norma, resolución o circular, dictada en su consecuencia. La Corte, que en un pronunciamiento anterior había declarado su competencia originaria para entender en la causa, rechazó esta demanda. Recordó en primer lugar que la lesión que debe estar presente al promoverse una acción declarativa de inconstitucionalidad es aquella que se ha concretizado en un acto administrativo dirigido contra los intereses legítimos de la parte actora de modo directo e inmediato. Tuvo en cuenta que la demandante, si bien había invocado posibles conflictos normativos entre la ley provincial y las normas nacionales, no había probado que al momento de iniciarse la demanda existiera algún acto de autoridad competente que hubiera aplicado la ley con lesión de sus derechos o intereses ni había demostrado que esa lesión sea un efecto directo de la ley impugnada. Señaló que la demanda declarativa fue iniciada el 3 de diciembre de 2013, antes de que la ley XIX 58 entrara en vigencia, lo que recién sucedió con la publicación del decreto 19 del 15 de enero de 2014. Concluyó así el Tribunal que la discusión entre las partes no se refería a un conflicto cierto y actual de intereses, sino a un conflicto hipotético que podría tener lugar si autoridades de la provincia demandada adoptasen una interpretación de la norma cuestionada como la temida por la actora, lo cual no fue siquiera alegado, mucho menos probado, por ella. Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Misiones, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad

Explotación petrolera y daño ambiental

Mediante una demanda de amparo colectivo ambiental los actores solicitaron el cese de la actividad petrolera en el yacimiento Caimancito —que denuncian como ubicado en el Parque Nacional Calilegua— por resultar manifiestamente contraria a la legislación aplicable en la materia (en especial, artículos 41 de la Constitución Nacional y 4°, 5°, 27 y siguientes de la Ley General del Ambiente 25.675, así como la recomposición del daño ambiental generado a raíz de dicha explotación y del abandono irregular del pozo Ca.e3 ubicado en el área CNO-4 Río Colorado. La Corte, en el marco de su competencia originaria, hizo lugar parcialmente a la acción. Concluyó que, teniendo en cuenta que la explotación impactaba en un área de bosques nativos de muy alto valor por su biodiversidad (categoría I) que impedía todo tipo de transformación y considerando que ninguna de las demandadas había explicado cómo la prosecución de la actividad petrolera encuadraría dentro de una de las actividades legalmente permitidas, la continuación de la explotación hidrocarburífera resultaba manifiestamente ilegal y debía cesar. También consideró acreditado un daño ambiental ilícito derivado de la existencia y mantenimiento de los pozos petroleros inactivos en los que no se habían implementado los mecanismos de abandono exigidos por las normas aplicables para evitar la contaminación ambiental y que, en razón de ello, el pozo mencionado colapsó en el año 1997 y generó severos daños ambientales en la zona, entre los que se destaca la contaminación del arroyo Yuto. Expresó el Tribunal que se hallaba demostrado el claro incumplimiento de los deberes que la ley 17.319 impone a quienes realicen actividades de explotación de hidrocarburos, especialmente el de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan daños en el yacimiento con motivo del abandono de los pozos y que los daños generados como consecuencia de esos incumplimientos ponían de manifiesto que el Estado Nacional y la Provincia de Jujuy tampoco cumplieron con sus respectivos deberes de fiscalización como órganos de aplicación de la actividad. Señaló que la responsabilidad del Estado Nacional y de la provincia demandada por los incumplimientos y por la consecuente producción del daño ambiental comprobado en la causa resultaba evidente en tanto ostentaron, respectivamente en las distintas etapas de la explotación, el poder de policía ambiental y contralor sobre las actividades que autorizaron y sobre las concesiones que otorgaron y, por consiguiente, debían responder solidariamente por los daños ambientales. La Corte, finalmente, condenó a la provincia y a las empresas demandadas, a implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo y de la actividad petrolera del yacimiento, que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos y legales establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y por la Administración de Parques Nacionales, en un plazo que tendrá como fecha límite para su conclusión el 31 de diciembre del año 2030 o el menor plazo razonable que establezca el Estado Nacional con la Provincia de Jujuy. SAAVEDRA, SILVIA GRACIELA Y OTRO c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE PARQUES NACIONALES ESTADO NACIONAL Y OTROS s/AMPARO AMBIENTAL

Inhabilitación de la función para liquidar divisas en la plataforma web: conflicto de competencia

Extradición: nuevos agravios que resultan tardíos

Excepción de cosa juzgada: exigencia de identidad de objeto y causa

Accidente de trabajo: exigencia de que las sentencias sean fundadas

Arbitrariedad en la regulación de honorarios: base regulatoria

Verificación tardía de créditos en el concurso preventivo

Inexistencia como pronunciamiento judicial del auto denegatorio del recurso extraordinario

Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios: depósito en efectivo y estructuración de un sistema de pago organizado

Defensor del Pueblo de la Nación: acción de amparo y movilidad jubilatoria

Lectura de El Principito

Depósito previo: transferencia del importe y omisión de los datos relativos al expediente

Intervención del Ministerio Público cuando se encuentran afectados derechos del consumidor

Despido por justa causa y exclusión de la tutela sindical

Defensa de falta de acción del Estado Nacional opuesta por una provincia como óbice para un pedido de declaración de nulidad

Impuesto al tabaco: finalidad recaudatoria y finalidad extrafiscal- Salud pública