Impuesto a las ganancias: requisitos para gozar de los beneficios del régimen de reorganización de sociedades

La cámara rechazó la solicitud de reorganización efectuada por una empresa en los términos del art. 77 de la ley del impuesto a las ganancias respecto de su fusión por absorción por considerar que de la documental acompañada no se desprendía que la empresa absorbida hubiese desarrollado actividad económica en el período requerido por la norma para considerarla como empresa en marcha. Si bien la cámara reconoció que había celebrado asambleas, presentado declaración jurada del impuesto a la ganancia mínima presunta, pagado el impuesto inmobiliario, presentado estados contables y realizado gastos que no estaban identificados, a su entender dichas actividades no eran “actividades objeto de la empresa". La Corte dejó sin efecto la sentencia y consideró que, al interpretar el requisito de empresa en marcha de la manera en que lo hizo había privado de autonomía a la condición de realizar “actividades objeto de la empresa” establecida en el apartado I) del art. 105 del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias para reemplazarla por la condición de realizar las “actividades económicas” de producción y comercialización de bienes y servicios a las que se refiere el apartado II) de dicho artículo. De esta manera, al establecer dicho alcance al requisito en función de otro requisito contemplado por la misma norma, la cámara desatendió al hecho de que se trata de dos requisitos diferentes cuya razón de ser estriba justamente en imponer distintas condiciones. Recurso Queja Nº 1 - DON MARCELINO SA c/ FISCO NACIONAL - DGI s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS

Facultades tributarias municipales y coparticipación federal de impuestos

Una empresa que tiene como actividad principal la producción y venta de combustibles líquidos promovió una demanda contra la Municipalidad de La Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán- en la que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Tributario Municipal que establecen un gravamen denominado "Tributo Económico Municipal" (TEM) por considerarlo contrario a las leyes 23.966, que creó el impuesto a los combustibles líquidos, y 23.548 de coparticipación federal de impuestos. El tribunal superior provincial desestimó la demanda y la actora interpuso un recurso extraordinario ante la Corte, que revocó este pronunciamiento apelado y ordenó que se dicte un nuevo fallo. Consideró que la decisión apelada tenía defectos de fundamentación que afectaban de modo directo e inmediato la garantía de defensa en juicio que asistía a la recurrente. Expresó que la propia corte provincial se fundó en el artículo 135 de la constitución local que hace referencia, entre los recursos municipales, a los tributos fijados “en armonía con el régimen impositivo provincial y federal” y los fondos “por coparticipación nacional y provincial” que los conforman, por lo que la afirmación posterior que postula que “la extensión de las facultades tributarias municipales se encuentra definida a partir de una decisión del poder constituyente provincial” resulta dogmática o, cuando menos, superficial. Señaló la Corte que la afirmación de que los municipios no están sujetos a las limitaciones tributarias asumidas por la provincia al adherir a regímenes de coparticipación en razón de que la propia Constitución de Tucumán les reconoce la potestad de crear “tributos”, derivando de ello “facultades tributarias autónomas” no constreñidas por los compromisos provinciales resulta carente totalmente de apoyo normativo y, a la vez, supone un erróneo encuadre de las cuestiones discutidas que elude el tratamiento de los planteos referidos a la eventual invalidez del TEM bajo las normas de las leyes 23.966 y 23.548. Agregó que los fundamentos de la sentencia apelada resultan contradictorios entre sí ya que, por un lado, hacen énfasis en que, cualquiera fuese el estatus jurídico de las municipalidades, estas no pueden desatender las obligaciones asumidas por las provincias al adherir a regímenes de coparticipación federal, regla que -además- se encuentra receptada en la propia Constitución provincial pero, por otro, concluyen que el límite global fijado en el artículo 22 de la ley 23.966 para la imposición sobre los ingresos brutos solo es aplicable a la provincia que adhirió a dicho régimen y que habría asumido solo en lo que a ella respecta las obligaciones allí previstas, mas no con relación a sus propios municipios, aunque los tributos que ella misma habilita para que estos establezcan y cobren pudieran resultar asimilables a dicho gravamen provincial. Finalmente, el Tribunal señaló que si bien el a quo consideró que el TEM reviste naturaleza de impuesto, omitió dar acabada respuesta jurídica a la impugnación que formuló la actora respecto a su intrínseca semejanza con el impuesto provincial sobre los ingresos brutos y, por ende, a la consecuente vulneración del límite máximo de gravabilidad dispuesto por la ley 23.966, a la que la provincia se obligó a respetar mediante su adhesión hecha efectiva por la ley 6.356. REFINERIA DEL NORTE S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA DEL RIO SALI s/INCONSTITUCIONALIDAD

Honorarios correspondientes a la interposición de los recursos extraordinario y de queja

La codemandada solicita que la Corte aclare quién debe abonar y, en su caso, en qué proporción, los honorarios regulados en una resolución anterior a la letrada apoderada y patrocinante de la citada en garantía por los trabajos correspondientes a la interposición de los recursos extraordinario y de queja. El Tribunal señaló que dicho pronunciamiento fue claro en cuanto a que admitió ambos recursos y revocó, con costas, la sentencia apelada de acuerdo con lo previsto en el art. 16, segunda parte, de la ley 48 y, por ende, dejó sin efecto la condena en costas que la cámara había impuesto a la solicitante en virtud del rechazo del recurso federal. Agregó que los honorarios regulados en la instancia extraordinaria deben ser abonados por quienes resultaron vencidos como consecuencia del fallo de la Corte y conforme al interés concreto de cada litisconsorte el que, en el caso, debía ser distribuido por partes iguales (art. 75 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Incidente Nº 3 - ACTOR: GOMEZ LUIS FLORENTINO DEMANDADO: FEDERACION PATRONAL SEG SA Y OTROS s/REGULACION DE HONORARIOS - INCIDENTE CIVIL

Declaración aduanera inexacta y procedimiento especial de despacho en forma conjunta

La cámara confirmó la multa aplicada por la Dirección General de Aduanas (DGA) a la despachante de aduana y a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el artículo 954, ap. 1, inc. a, del Código Aduanero por considerar que las mercaderías importadas (unidades evaporadoras y condensadoras de aire acondicionado) constituían una unidad clasificatoria a la que le resultaba aplicable el procedimiento especial de despacho en forma conjunta (equipo de aire acondicionado tipo "split"). La Corte, por mayoría, revocó este pronunciamiento. Consideró que la interpretación sostenida conllevaba tornar en obligatoria una de las normas -el pto. 2 a) del Anexo II de la resolución general 2212/2007- incluidas en un régimen opcional para aquellos sujetos que no optaron por acogerse a sus beneficios y que, por lo tanto, no se encuentran alcanzados por sus disposiciones. Recordó que son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente y señaló que tales circunstancias no se verificaban en autos. Concluyó que resultaba improcedente la sanción impuesta ya que no surgía de las actuaciones que se hubiese efectuado una “declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación”, en tanto las partes fueron contestes en que la mercadería despachada y librada a plaza era la misma en cada una de las declaraciones. SIMSA AIRE ACONDICIONADO S.R.L. Y OTRO c/ MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Y OTRO s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS

Prórroga de la competencia originaria cuando la misma nace rationae personae

La actora promovió acción de amparo ante un juzgado federal de Paraná con el objeto de que procedan a otorgarle una prótesis de acuerdo con la prescripción médica. La Provincia de Entre Ríos demandada se presentó y solicitó el rechazo del amparo, negando la existencia de una omisión del Estado provincial que revistiera arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. El titular del juzgado declaró su incompetencia y dispuso la remisión de las actuaciones a la Corte, que declaró su incompetencia para entender en el juicio por vía de su instancia originaria. El Tribunal recordó la validez de la prórroga de dicha competencia en favor de tribunales inferiores de la Nación, cuando la misma nace rationae personae, por constituir una prerrogativa de carácter personal que puede ser renunciada expresa o tácitamente. Destacó que la conducta asumida por la provincia al presentarse ante el juzgado federal, debía ser considerada como una clara renuncia a la prerrogativa que le confiere el artículo 117 de la Ley Fundamental, y una prórroga a favor de la justicia referida. Agregó que no se advertía además la concurrencia de un interés federal o de razones institucionales de tal magnitud que hicieran impostergable la intervención de la Corte por lo que el proceso debía continuar su trámite ante el juzgado federal. GIMENEZ, MIRTA RAQUEL c/ PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986

Interpretación del estado de acefalía de una asociación sindical de trabajadores

Frente a un conflicto surgido en el ámbito de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina, la autoridad administrativa entendió configurada una situación de “acefalía” y, en consecuencia, el titular de la cartera laboral dictó la resolución por la cual designó “delegado normalizador”, con “facultades administrativas y ejecutivas de los órganos de conducción de la entidad”. La resolución fue apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que rechazó el recurso. Recurrida la cuestión, la Corte, por unanimidad, consideró que las facultades otorgadas al Ministerio de Trabajo por la enumeración del artículo 56, inciso 4, de la ley 23.551 deben interpretarse de modo restrictivo, mediante un escrutinio estricto sobre la configuración de las circunstancias a las que alude la ley. Por ende, al ser ello así, es evidente que el pronunciamiento de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en tanto afirmó la validez de la designación del delegado normalizador por entender configurada la situación de acefalía prevista en la ley, no se ajustó al estándar anunciado. A resultas de ello, la Corte en ejercicio de la atribución que le otorga el artículo 16 de la ley 48, hizo lugar al recurso del artículo 62 de la ley 23.551 interpuesto por la citada Unión y declaró la invalidez de la resolución 998/2016 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. GARCÍA, ÁNGEL ALBERTO Y OTRO c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/ LEY DE ASOC. SINDICALES

Responsabilidad de la ART en caso de mala praxis médica

A raíz de un accidente de trabajo que le ocasionó una lesión en el manguito rotador, un trabajador fue atendido en una clínica privada por cuenta y orden de la ART, en la cual falleció después de quedar en coma por la hipoxia cerebral que presentó al momento de ser extubado en la intervención quirúrgica que se le practicó a fin de reparar su manguito rotador. Demandadas la empresa y la ART, tanto la sentencia de 1ª instancia como la de la cámara de apelaciones entendieron que el fallecimiento era una consecuencia casual del accidente primigenio, producida por el hecho de un tercero por el cual las demandadas no debían responder. Agraviadas por esta decisión, las actoras dedujeron el recurso de queja ante la Corte que, resolvió dejar sin efecto la sentencia apelada. Para decidir de ese modo el Tribunal consideró que la cámara debió tomar en consideración, para discernir la responsabilidad de la aseguradora, que en la causa quedó demostrado que la atención brindada al fallecido en la clínica tras el accidente sufrido lo fue por cuenta y orden de aquella. Al respecto, recordó que quien contrae la obligación de prestar un servicio –en el caso la asistencia a la salud de los trabajadores afectados por las contingencias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo incluidos en el pertinente contrato de afiliación con la empleadora– lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 317:1921; 322:1393; 329:2688, voto de la mayoría y disidencia parcial del juez Lorenzetti; y 334:1361) MUÑOZ, STELLA MARIS. POR SI Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS HIJAS MENORES LEILA Y CAMILA NOVISKY c/ INDUSTRIAS CERÁMICAS LOURDES S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL

El reclamo de daños y perjuicios por el obrar ilegítimo de una provincia es ajeno a la competencia originaria de la Corte

Una persona reclamó a la Provincia de Entre Ríos una reparación por los daños y perjuicios derivados del trato discriminatorio que alega haber sufrido en el marco de diversos concursos públicos de oposición y antecedentes convocados para la selección de magistrados provinciales por su condición de género y por no estar afiliada al partido justicialista. La Corte expresó que la causa no corresponde a su competencia originaria. Recordó que para que la causa revista manifiesto contenido federal, la demanda deducida debe fundarse directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante y que, si bien la accionante fundó su pretensión en las previsiones de la ley 23.592 y en el artículo 16 de la Constitución Nacional, la demanda tiene por base la responsabilidad del estado provincial por el obrar ilegítimo que se le atribuye por lo que son los jueces locales los que deben juzgar esas conductas. SPREAFICO, SONIA GABRIELA c/ ENTRE RIOS, PROVINCIA DE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

Elecciones de autoridades sindicales y principio de congruencia

La Junta Electoral Central suspendió un proceso de elección de autoridades sindicales con fundamento en la parcialidad que habría demostrado a lo largo del trámite comicial la Junta local a favor de una lista y en el accionar desplegado el día del sufragio cuando se impidió a los fiscales de otra lista que acompañaran las urnas hasta los establecimientos de votación. Ante el planteo del apoderado de la lista ganadora la cámara concluyó que se habían verificado graves irregularidades en los comicios, lo cual redundó en una bajísima participación de los afiliados de la seccional y, por ello, declaró la invalidez de la votación al ponderar que el proceso inobservó los estándares necesarios para garantizar la democracia intrasindical, declarando abstracta la cuestión relativa a la validez de las resoluciones que el actor había cuestionado. La Corte dejó sin efecto este pronunciamiento al considerarlo incompatible con las garantías constitucionales de defensa y propiedad, y con el principio de congruencia, pues los jueces no pueden convertirse en intérpretes de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los contendientes en desmedro de la parte contraria. Señaló que el objeto de la litis consistía en dejar sin efecto las resoluciones que ponían en tela de juicio el proceso comicial y no comprendía el examen de la legitimidad de la elección. Recordó que la materia sobre la que se debe juzgar encuentra su límite en el principio de congruencia, de raigambre constitucional, que impone decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas e invalida todo fallo que altere la causa petendi o introduzca planteos no esgrimidos por los litigantes. Destacó el Tribunal que el objeto de la condena no resultaba congruente con el reclamo y evidenciaba un indebido desplazamiento del eje de la pretensión, que colocaba al peticionario en una situación jurídica desventajosa respecto a la que se encontraba al demandar. Así, la sentencia omitió analizar los planteos referidos a la incompetencia de la Junta Electoral Central para intervenir en las elecciones de ámbito seccional, y resolvió la invalidación del comicio en razón de la baja cantidad de votantes, que era un aspecto sobreviniente que no integraba lo originalmente debatido. Recurso Queja Nº 1 - Incidente Nº 1 - ACTOR: CASTRO, JUAN DOMINGO Y OTRO DEMANDADO: JUNTA ELECTORAL CENTRAL UTHGRA Y OTRO s/INCIDENTE

Carácter excepcional de la doctrina de la arbitrariedad: necesidad de constatar un apartamiento de los criterios mínimos de argumentación jurídica

Atañe al fuero federal el juzgamiento de los asuntos relacionados principalmente con el servicio de transporte aéreo comercial

Injustificado rigor formal en el marco del acceso a la información pública

Revocación de la sentencia dictada por jueces que ya habían intervenido en la causa

Extradición e interés superior del niño

Competencia de la justicia federal para investigar un accidente aeronáutico

Régimen jubilatorio de magistrados y funcionarios judiciales: excusaciones y envío del expediente

La exigencia de “sentencia definitiva” a los fines del recurso extraordinario

Rechazo de la recusación de los miembros de la Corte en una causa sobre el régimen jubilatorio de magistrados y funcionarios judiciales

Legitimación procesal: exigencia de demostrar un derecho subjetivo o interés legítimo propio

Fijación de intereses y límites de la jurisdicción de la cámara

Impuesto a las ganancias: aplicación de mecanismos de actualización y confiscatoriedad

Tutela judicial efectiva en el marco de la preservación de la salud de personas mayores

Denegatoria del fuero federal y cuestionamiento de la reinstalación dispuesta en una relación de empleo público

Expropiación e intereses: fundamentos suficientes que descartan la tacha de arbitrariedad