Declaración de inconstitucionalidad como ultima ratio del orden jurídico

La cámara declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 en cuanto prohíben la actualización monetaria, por variación de costos o por cualquier otra forma de repotenciación de las deudas y determinó que las prestaciones dinerarias reconocidas con fundamento en la ley 24.557 se reajusten por aplicación del Índice de Precios al Consumidor más un interés del 3%. La Corte dejó sin efecto esta sentencia. Tuvo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto normativo constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, ya que configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la ultima ratio del orden jurídico. Agregó que no debe recurrirse a ello sino cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio a la que cabe acudir en primer lugar. Siguiendo esta línea, consideró que la decisión del tribunal apelado aparecía manifiestamente infundada e innecesaria para resolver la cuestión debatida ya que había adoptado esa extrema medida jurisdiccional con argumentos genéricos e imprecisos y había soslayado una solución normativa cuya aplicación al caso debió haber considerado antes de adoptar aquella. ENCINA, HILDA ZULEMA (23819) c/ ART INTERACCION S.A. Y OTRO s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL

Apartamiento dogmático de las conclusiones periciales

La cámara hizo lugar al recurso del actor -que sufrió un accidente mientras cumplía tareas de vigilador para su empleadora- e incorporó el daño psicológico y elevó el importe de la condena. La Corte dejó sin efecto esta sentencia por considerar que se apartó de las conclusiones periciales de modo dogmático y fijó la indemnización por incapacidad sin fundamento alguno. Consideró que al afirmar que había existido un daño psicológico, el tribunal se limitó a sostener que ello constituía una derivación forzosa de la minusvalía física del actor y del hecho de que había corrido riesgo su vida pero que esa conclusión carecía por completo de fundamento científico y además contradecía abiertamente las conclusiones de la experta, que había determinado de modo categórico la inexistencia de dicho daño. Agregó que el tribunal no indicó en modo alguno qué deficiencias del informe técnico justificarían apartarse de sus conclusiones. Recurso Queja Nº 1 - VERA, JOSE ANTONIO c/ ASOCIART ART S.A. Y OTRO s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL

Extradición - Rechazo de los planteos de la defensa

El juez de primera instancia hizo lugar al pedido de extradición de la Federación de Rusia respecto de un nacional de ese país para ser sometido a proceso por la comisión de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópica. Ante el recurso de la defensa la Corte confirmó el fallo recurrido. En primer lugar desestimó por tardío el planteo por el que la parte postula el rechazo de la entrega con base en la aplicación del principio in dubio pro reo por no advertir una razón de orden público que justifique adoptar otro temperamento respecto de su intempestividad. En cuanto al cuestionamiento según el cual no se había acompañado copia de la resolución judicial que ordenó el libramiento de la solicitud de extradición señaló que no puede prosperar, en tanto soslaya que los términos de la resolución dictada por el juez extranjero, cuya copia fue acompañada por el país requirente al presentar el pedido de extradición, son suficientemente explícitos en aludir a que se disponía la detención del requerido y ello con relación a su extradición, en atención a que el nombrado se encontraría en el listado de buscados a nivel internacional y con base en la norma procesal que prevé el dictado de esa medida para esa clase de supuestos. También rechazó el Tribunal los planteos referidos a la verificación del requisito de la doble incriminación. Consideró infundada la crítica relativa a la falta de verificación de la doble subsunción entre el delito reprimido por el artículo 228.1 del código penal ruso y el artículo 5° de la ley 23.737 ya que el apelante no se hizo debidamente cargo de que el a quo subsumió este hecho bajo la figura del citado artículo 5° y de los artículos 42 y 44 del Código Penal relativos al delito tentado ni, tampoco, desarrolló razón alguna por la que la descripción del hecho informada en la requisitoria no tenga para el derecho argentino, como mínimo, esa relevancia típica. La alegada prescripción de la acción penal que, en términos genéricos, invocó la parte fue considerada un planteo insustancial en atención al extremo, que ella misma reconoce, que el país requirente informó que, conforme a su derecho interno, la acción penal relativa a los hechos que constituyen objeto de esta requisitoria se encuentra suspendida por haberse fugado el requerido. Finalmente, la Corte desestimó los planteos referidos a los potenciales temores de sufrir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de que no se respetarán debidamente las garantías judiciales del extraditable ya que el recurrente no refutó eficazmente lo resuelto al respecto en la sentencia apelada, con relación a la falta de acreditación de un riesgo cierto y actual que afecte al requerido. IMPUTADO: G, I. s/EXTRADICION

Atribución de responsabilidad a la tercera citada y principio de congruencia

La cámara modificó la sentencia de primera instancia y extendió la condena solidaria por responsabilidad civil contra la aseguradora citada en garantía por la enfermedad profesional que padece el actor. La Corte dejó sin efecto el pronunciamiento al juzgar que no había dado un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa. Tuvo en cuenta que el actor no dedujo demanda contra la aseguradora, no le imputó incumplimientos contractuales ni le atribuyó responsabilidad sobre los daños pero cuando una codemandada citó a la recurrente en garantía esta citación del tercero fue expresamente consentida por aquél. Puntualizó, sin embargo, que más allá de que la condena podía recaer también sobre la recurrente, ésta debía reconocer las limitaciones que se consolidaron en la etapa procesal previa de traba de litis y de citación como tercero. Los alcances de la citación en garantía resultaban más acotados que aquellos que derivaban del carácter de demandado, en tanto los escritos de demanda y contestación no le imputaban incumplimientos, no le atribuían responsabilidad extracontractual ni le reclamaban resarcimiento alguno. Sólo se intentó atribuir responsabilidad civil a la aseguradora con posterioridad a que se hiciera efectiva la citación al proceso, y con un escrito que no fue siquiera sustanciado. Consideró el Tribunal que esas limitaciones procesales resultaban especialmente relevantes pues la responsabilidad civil de las aseguradoras en materia de siniestros laborales surge ante la específica imputación y acreditación de incumplimientos en los deberes de prevención y contralor que guarden un nexo de causalidad adecuado con el daño. Concluyó así que lo resuelto importaba una inaceptable violación del principio de congruencia. Recurso Queja Nº 1 - RODRIGUEZ VICTOR OSCAR c/ NEW CHOICE S.A. Y OTRO s/ACCIDENTE - ACCION CIVIL

Accidente laboral y cosa juzgada: duplicación de la reparación del daño

La cámara condenó a la aseguradora al pago de la indemnización prevista en la Ley de Riesgo del Trabajo por el accidente laboral sufrido por el actor y rechazó la excepción de cosa juzgada interpuesta por la demandada con sustento en la falta de identidad de objeto y de sujeto. El Tribunal dejó sin efecto esta sentencia al estimar que no había ponderado elementos esenciales de la causa previa, en la que se había ordenado la reparación integral del daño que provocó el mismo accidente en el que se fundaba esta demanda. En efecto, la cámara sostuvo que la sentencia firme recaída en la otra causa no cumplió con los requisitos de identidad de sujeto y objeto que exige el código de forma para generar efectos de cosa juzgada, pues allí se condenó a pagar una reparación integral con fundamento en el derecho civil y en este expediente se accionaba contra la aseguradora por las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo. La Corte sostuvo que esta conclusión, inobjetable desde lo fáctico, no contemplaba que el daño que provocó el accidente laboral fue determinado y cuantificado en su totalidad en ese expediente, por lo que una eventual condena en el presente caso, más allá del cambio en la figura del obligado al pago, no implicaría la subsunción de las prestaciones sistémicas, sino la duplicación de la reparación del daño. Recurso Queja Nº 1 - D'ELIA GUSTAVO RAUL Y OTRO c/ EXPERTA ART SA s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL

Tribunales colegiados: exigencia de sustancial coincidencia en los fundamentos

La cámara confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la excepción de incompetencia opuesta por la demandada. La Corte dejó sin efecto esta decisión por considerar que el análisis de los votos no exhibía una coincidencia sustancial de opiniones sobre los fundamentos que daban apoyo a la decisión. Recordó que, si bien lo referente al modo en que emiten sus votos los jueces de los tribunales colegiados y las formalidades de las sentencias son, como regla, materias ajenas al recurso extraordinario federal, corresponde hacer excepción a ese principio cuando no existe mayoría de opiniones sustancialmente coincidentes sobre la solución de la cuestión debatida, pues la validez de un fallo depende no solamente de que la mayoría convenga en la parte dispositiva, sino que también exhiba una sustancial coincidencia en los fundamentos. En el caso, uno de los jueces precisó que el actor acudió a la comisión médica jurisdiccional, pero consideró que no correspondía habilitar la jurisdicción porque interpuso una demanda directa que no se encuentra prevista en la ley 27.348. Los otros dos jueces declararon la aptitud jurisdiccional sobre la base de argumentos disimiles y, a su vez, contradictorios. Uno de ellos en el entendimiento de que el procedimiento establecido en la ley mencionada es inconstitucionalidad y el segundo sobre la base de que, si bien el actor transitó el procedimiento administrativo previo y ese recaudo resultaba constitucionalmente válido, no prevé un control judicial suficiente y, además, el plazo fijado para la interposición del recurso judicial es inconstitucional. Señaló el Tribunal que las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales o aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas. Los votos que en apariencia sustentaban la decisión no guardaban entre sí la concordancia lógica y argumental que requieren los fallos judiciales afectando así la certeza jurídica de la sentencia entendida como expresión final del derecho a la jurisdicción y las garantías consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Recurso Queja Nº 1 - CUELLO, GUILLERMO MARCELO c/ ASOCIART S.A ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL

Omisión de dar intervención al ministerio pupilar para que ejerza la representación promiscua

La cámara consideró precluida la cuestión llevada a su conocimiento, en cuanto pretendía que se ordenara la remisión del expediente a extraña jurisdicción para, de ese modo, evitar el archivo oportunamente dispuesto. Contra esta decisión la actora dedujo un recurso extraordinario. Habida cuenta de la intervención de un menor en el pleito, la Corte dispuso correr vista de las actuaciones al Ministerio Pupilar. El Defensor General Adjunto de la Nación planteó la nulidad de todo lo actuado con sustento en la omisión en que incurrieron los jueces de la causa en no conferir la debida intervención al Ministerio Público de la Defensa. El Tribunal declaró la nulidad de lo actuado a partir de la interposición de la demanda y dispuso que vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que tome intervención el Ministerio Pupilar y haga valer los derechos que estime corresponder en el juicio. Recordó que la omisión de dar intervención a dicho ministerio para que ejerza la representación promiscua a pesar de que la resolución compromete en forma directa los intereses de la menor importa desconocer el alto cometido que la ley ha asignado a dicho ministerio, y no sólo menoscaba su función institucional sino que acarrea la invalidez de los pronunciamientos dictados en esas condiciones. Recurso Queja Nº 1 - TALLONE, MARIELA ALEJANDRA c/ EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN LUIS S.A. Y OTROS s/INTERRUMPE PRESCRIPCION

Libertad sindical: garantía de no injerencia del Estado y de los particulares

La cámara rechazó la acción de amparo sindical que perseguía que se condenase a una empresa a retener la cuota sindical de la totalidad de los “afiliados” que se desempeñaban bajo su dependencia, debido a que la empresa había decidido no llevar a cabo la retención respecto del personal administrativo porque, a su criterio, no se encontraba dentro del ámbito de representación del referido sindicato. El sindicato actor interpuso recurso extraordinario y la Corte dejó sin efecto este pronunciamiento. Señaló que la conducta discrecional de la demandada de escoger por sí respecto de cuáles afiliados llevar a cabo la retención y respecto de cuáles no, resultaba carente de todo sustento legal e implicaba una indebida injerencia en la administración y el funcionamiento de la entidad gremial, con afectación de la libertad sindical y del derecho de sindicación. Destacó que la libertad sindical garantiza la no injerencia del Estado y de los particulares -en el caso, del empleador-, en la constitución, funcionamiento o administración de la entidad gremial. Agregó que la decisión de la empresa de decidir respecto de cuáles afiliados llevar a cabo la retención y respecto de cuáles no, constituye, además de la injerencia en la administración y funcionamiento de la asociación gremial, una implícita pretensión de determinar su ámbito de representación, lo que también importa una grave afectación de la garantía de la libertad sindical y del derecho de sindicación mencionados. Expresó que el artículo 38 de la ley 23.551 impone a los empleadores la obligación de actuar como "agente de retención" de los importes que, en concepto de cuotas afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores (en sentido concordante, artículo 132, inciso c, Ley de Contrato de Trabajo 20.744, texto vigente al momento de los hechos debatidos). Por ello, los empleadores no están autorizados a decidir unilateralmente, sobre el conjunto de los trabajadores afiliados, a quién retener y a quién no retener las cuotas, sino que deben cumplir tal obligación sobre la base de los afiliados informados por el sindicato. Finalmente, el Tribunal añadió que el censurable accionar patronal había constituido, además, una grave afectación a la autonomía financiera del gremio. Recurso Queja Nº 1 - SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA JUJUY Y FORMOSA c/ REFINERIA DEL NORTE S.A. Y OTRO s/ACCION DE AMPARO

Beneficios para "contribuyentes cumplidores": exigencia formal no prevista en la ley

La cámara denegó el reconocimiento de los beneficios para “contribuyentes cumplidores”, establecidos en el artículo 63 de la ley 27.260 con fundamento en que dicha norma y el artículo 85 de la misma ley prescriben cuestiones vinculadas pero diferentes y que ninguno de esos beneficios se obtiene de pleno derecho, sino que el contribuyente debe adherirse a ellos cumpliendo con las formas y requisitos establecidos por la reglamentación. La Corte revocó este pronunciamiento. Señaló que al utilizar el adverbio “asimismo” al comienzo de la última oración del segundo párrafo del artículo 85, la norma no deja lugar a dudas respecto de que los beneficios para contribuyentes cumplidores también deben ser reconocidos al contribuyente que presentó en término la declaración jurada de confirmación de datos prevista en el artículo 85. También afirmó que la claridad y asertividad de la última oración del segundo párrafo de dicha norma no deja ningún espacio para que la reglamentación establezca otra exigencia formal para gozar de los beneficios para contribuyentes cumplidores en los supuestos en que estos hubiesen presentado en término la declaración jurada de confirmación de datos. Agregó que admitir una interpretación como la adoptada por el fisco implicaría convalidar el establecimiento por vía reglamentaria de una exigencia formal y una sanción asociada a su incumplimiento no previstas en la ley. Expresó también que la circunstancia de que la actora no haya adherido al beneficio para contribuyentes cumplidores mediante el respectivo sistema aplicativo de la AFIP —la opción “Ley 27.260 - Beneficio contribuyentes cumplidores”— solo pudo tener como consecuencia la indeterminación e indisponibilidad momentánea del beneficio en concreto, pero de ninguna manera la privación del derecho de la actora a gozar del mismo una vez que lo ha solicitado. GASODUCTO GASANDES SA c/ EN-AFIP-DGI s/PROCESO DE CONOCIMIENTO

Trata de personas con fines de explotación laboral: fundamentos sólo aparentes que tornan arbitraria la sentencia

Contribución de las instituciones bancarias al Instituto de Servicios Sociales Bancarios - Pretensión de la Superintendencia de Servicios de Salud

Sentencia aclaratoria: alteración sustancial de la decisión definitiva dictada

Reducción significativa de la indemnización sin dar fundamentos suficientes

Afirmaciones dogmáticas que no se compadecen con una debida valoración de los elementos probatorios

Denegatoria del fuero federal: diferencias salariales y prestación que no puede encuadrarse como contrato de ajuste

Asociaciones de consumidores y beneficio de litigar sin gastos

Atribución de parte de la responsabilidad del daño a la víctima - Sentencia arbitraria

Derogación de la Ley de Tierras Rurales: devolución de las actuaciones y suspensión interina de la norma

Doctrina de la arbitrariedad: omisión de tratar cuestiones sustanciales planteadas

Sentencia con fundamento aparente: lesión del derecho de defensa

Conflictos de competencia - Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Conflictos de competencia - Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Blanqueo de capitales y prescripción: interpretación de la ley

Delitos de lesa humanidad: valoración de la prueba