Tasa de seguridad e higiene: duplicación de su cobro

La cámara rechazó la demanda promovida por la actora contra un municipio por oponerse al pago de la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), prevista en una ordenanza. Se trataba de una empresa que se dedica al envío de dinero y que para llevar adelante su giro comercial había suscripto contratos con otras empresas que, junto con sus actividades, prestaban aquel servicio en sus propios locales, percibiendo por ello una comisión. La Corte dejó sin efecto esta sentencia. Consideró que el municipio no había demostrado que las actividades comerciales que se desarrollaban en los locales involucrados, requirieran la puesta a disposición de un servicio estatal diferenciado en su naturaleza o intensidad del que ya se brindaba en dichos comercios y por el que el municipio percibía ya el tributo correspondiente. Señaló el Tribunal que, de lo contrario, implicaría que, por una misma fiscalización realizada en un único local, se cobraría dos veces el mismo tributo y en virtud del mismo hecho imponible.

Es arbitraria la sentencia que hizo lugar a la ejecución fiscal iniciada por un municipio por el cobro de la tasa por inspección de higiene, pues el a quo no se hizo cargo del planteo de la demandada relativo a que carece en el municipio de local o personal propio -utilizaba espacio cedido por un banco y con personal de éste-, eludiendo así su tratamiento con el argumento de que excedía el estrecho marco del proceso cuando, en rigor, la solución definitiva del caso sólo requeriría verificar esos extremos, sin que ello, afecte el carácter ejecutivo de la acción promovida.

Es improcedente la pretensión de municipio de cobrar la tasa de seguridad e higiene a la empresa actora -cuyo giro comercial lo lleva adelante mediante contratos de agencia con otras empresas que prestan el servicio en sus propios locales-, pues aquél no ha demostrado que las actividades comerciales que se desarrollan en los mencionados locales, requieran la puesta a disposición de un servicio estatal (de inspección de seguridad e higiene) diferenciado en su naturaleza o intensidad del que ya se brinda en dichos comercios y por el que el municipio percibe el tributo correspondiente, es decir no se ha acreditado que las actividades de la parte actora requieran un servicio municipal diferente del ya prestado (voto del juez Rosatti).

Tratándose de juicios de apremio, corresponde admitir, en forma excepcional, la procedencia de la vía extraordinaria cuando puede resultar manifiesta la inexistencia de deuda exigible, pues lo contrario importaba privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales.

Los tribunales inferiores se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente, en los juicios de apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos.

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