Derechos por ocupación o uso de espacios públicos - Doctrina de la arbitrariedad de sentencias

Una empresa de servicios públicos de energía eléctrica inició una acción declarativa con la finalidad de hacer cesar el estado de incertidumbre que le generaban las resoluciones que dictó el municipio reclamándole los derechos por ocupación de espacios públicos. La cámara hizo lugar a la demanda. La municipalidad demandada dedujo un recurso extraordinario que, al ser denegado, derivó en una queja que fue rechazada por la Corte. Señaló el Tribunal que el recurrente no había logrado demostrar que se configure un supuesto excepcional de arbitrariedad ya que solo insistía, sin brindar mayores precisiones, en calificar de “tasa retributiva” a lo que el propio legislador local ha caracterizado, de forma recurrente, como “un derecho por ocupación”. Recordó que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, sino que procura cubrir casos de carácter excepcional en los que groseras deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a la que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional. Recurso Queja Nº 2 - EDENOR S.A. c/ MUNICIPIO DE ESCOBAR s/ACCION MERE DECLARATIVA DE DERECHO

La sentencia que determinó que era improcedente la pretensión de la Municipalidad de Escobar demandada de exigir el pago de los derechos por ocupación o uso de espacios públicos, terrestre, subterráneo y/o aéreo a la empresa concesionaria del servicio de energía eléctrica no es arbitraria, toda vez que el municipio no logra demostrar que se configura un supuesto excepcional de arbitrariedad, en tanto solo insiste, sin brindar mayores precisiones, en calificar de tasa retributiva a lo que el propio legislador local ha caracterizado como un derecho por ocupación (cfr. ordenanza fiscal 4954/11 y la resolución administrativa 330/2012 de la Secretaría de Hacienda e Ingresos Públicos), e incluso, de manera contradictoria, señala que si nos guiamos por la literalidad de la norma se debe cumplir con el requisito de ocupación de espacio para que se abone el derecho/tasa, para concluir que se trata de una tasa que el municipio exige como consecuencia de la prestación del servicio de policía, a pesar de que nada de esto establece la norma en cuestión (Voto de los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti).

No resulta arbitraria la sentencia que determinó que era improcedente la pretensión de la Municipalidad de Escobar demandada de exigir el pago de los derechos por ocupación o uso de espacios públicos, terrestre, subterráneo y/o aéreo a la empresa concesionaria del servicio de energía eléctrica, pues el recurrente no logra alcanzar el estándar definido por la corte para dar lugar a un supuesto de carácter excepcional como es la arbitrariedad, con arreglo al cual se debe demostrar que la equivocación del pronunciamiento impugnado es tan grosera que aparece como algo inconcebible dentro de una racional administración de justicia (Voto de los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti).

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, sino que procura cubrir casos de carácter excepcional en los que groseras deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a la que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

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