La demandada interpuso recurso de queja contra el pronunciamiento de la cámara que había declarado mal concedido el recurso de apelación deducido por ésta.
La Corte desestimó la presentación. Explicó que la queja prevista por los arts. 285 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene por finalidad que la Corte revise la denegación por los jueces de la causa del recurso extraordinario federal del art. 14 de la ley 48.
Por lo tanto, resulta inadmisible cuando tal recurso no ha sido interpuesto
La Corte hizo lugar parcialmente a la medida cautelar formulada por el Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional le entregue el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548 y que, durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606. Dicha decisión fue tomada en el marco de una demanda promovida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional, que tramita ante la instancia originaria del Tribunal y con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de esta última norma, de transferencia de funciones de seguridad de la Nación a la Ciudad Autónoma en materias no federales. La Corte expresó que hasta el presente no pudo llegarse a un consenso entre las jurisdicciones involucradas y que se encuentran pendientes de producción distintos medios de prueba ofrecidos. Aclaró que lo discutido no afecta la coparticipación de las provincias, sea cual fuere el resultado del pleito.
LeerFrente a una sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2° y 4° de la ley 27.204 de Educación Superior, el Ministerio Público dedujo un recurso de apelación que fue desestimado por considerarse que la sentencia había sido consentida por la parte actora y la demandada. Deducido el recurso extraordinario, la Corte confirmó la decisión por mayoría. Recordó el Tribunal que la existencia de un caso judicial es una precondición para la intervención de los tribunales nacionales y constituye un requisito sine qua non de su accionar y que para que exista un caso es imprescindible que quien reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal en el resultado del pleito que propone. Señaló también que la reforma constitucional de 1994 no le otorgó legitimación procesal al Ministerio Público para instar una suerte de acción popular o en defensa de la mera legalidad, por fuera de los recaudos fijados por el artículo 116 de la Constitución y que tampoco está habilitado a perseguir pretensiones abstractas sobre la validez o invalidez constitucional de las normas o actos de otros poderes. Agregó el Tribunal que las leyes que regularon las funciones del Ministerio Público tampoco le otorgaron una legitimación extraordinaria para intervenir en cualquier asunto en materia no penal con total prescindencia de la actitud procesal de las partes en conflicto. Concluyó así que el recurrente, que sí había tenido ocasión de pronunciarse sobre la competencia del tribunal interviniente y sobre la inconstitucionalidad solicitada, no estaba autorizado a cuestionar en forma autónoma la sentencia definitiva que había puesto fin a la controversia.
LeerLa cámara hizo lugar al amparo deducido con el fin de que la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires le otorgase a la actora la cobertura de la internación con fundamento en que, si bien dicha entidad no adhirió al sistema establecido por las leyes que regulan las obras sociales y las prestaciones a favor de las personas con discapacidad por ser una persona jurídica de derecho público no estatal, ello no la relevaba de la carga de adoptar las medidas razonables a su alcance para otorgar a sus afiliados los derechos de la seguridad social con el alcance integral. La demandada interpuso recurso extraordinario y la Corte, por mayoría, dejó sin efecto este pronunciamiento. Consideró que luego de afirmar que la condenada no era una obra social ni una entidad de medicina prepaga le había adjudicado dogmáticamente responsabilidad en el marco de ese sistema enfatizando que no había norma que la eximiera de ella, lo que traducía un claro desconocimiento de garantías constitucionales. Agregó que el tribunal tampoco había abordado las serias y relevantes alegaciones de la apelante, fundadas en las disposiciones de la ley provincial que regla su actuación y determina el alcance de las prestaciones que reconoce a sus afiliados, entre las que estaría regulado un subsidio especial por geriatría.
LeerEl superior tribunal de provincia rechazó la acción de amparo tendiente a obtener la incorporación de la actora como afiliada a una obra social, fundando su decisión en que la peticionaria tenía otra cobertura de salud y no había demostrado padecer un problema de salud urgente. La Corte, por mayoría, revocó esta sentencia al considerar que se habían interpretado con infundado ritualismo los recaudos para la admisibilidad de esta vía procesal sin ponderar la naturaleza de los derechos implicados en la acción. Expresó que se habían interpretado y aplicado los requisitos del amparo local soslayando el derecho a una tutela judicial efectiva y a interponer un recurso rápido y sencillo ante tribunales competentes frente a la vulneración de derechos fundamentales, más aun considerando que la determinación de la existencia o inexistencia del derecho de la actora no exigía una mayor amplitud de debate o de prueba. Agregó el Tribunal que la vía del amparo es particularmente pertinente cuando se trata de la preservación de la salud y la integridad psicofisica y que la actora pertenece al colectivo de personas mayores, cuyos derechos a la vida y a vivir con dignidad en la vejez, a la salud, y a la protección judicial efectiva, se encuentran especialmente protegidos. Señaló además que el tribunal había soslayado la constancia que acreditaba que la actora requería de forma urgente atención médica de manera sostenida y permanente y que afirmó en forma dogmática que la actora se encontraba afiliada a otra obra social desoyendo que ésta había explicado que la casa previsional local derivaba a sus aportes a la entidad demandada.
LeerUna afiliada al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) promovió un amparo contra dicha entidad con el objeto de obtener la cobertura integral de un tratamiento médico. Tanto el juzgado correccional como el federal se declararon incompetentes, lo que originó un conflicto negativo que la Corte tuvo que dirimir. Comenzó advirtiendo que como otras situaciones que guardaban estrecha similitud con este caso habían merecido respuestas disímiles, se imponía la necesidad de revisar la doctrina que guió la solución de estos casos hasta ahora. Expresó que la causa no versaba sobre un reclamo de naturaleza federal en razón de las personas y tampoco en razón de la materia. Consideró que para la resolución de la cuestión se imponía el examen del ordenamiento provincial por lo que correspondía resolver el conflicto en favor de la justicia ordinaria provincial. Agregó el Tribunal que la forma de dirimir la contienda propendía a un mejor y más rápido acceso a justicia para quien se ve obligado a promover un reclamo judicial en pos de conseguir el efectivo goce de sus derechos a la salud y a un nivel de vida adecuado.
LeerLa sentencia de primera instancia hizo lugar al amparo para que se le brindara al actor la cobertura total de la cirugía que requería en una clínica y con un médico determinado. La obra social apeló este pronunciamiento y la cámara declaró desierto el recurso señalando que no había efectuado una crítica concreta y razonada de los fundamentos. La Corte consideró que este rechazo de la apelación fue dogmático, sobre todo ante el agravio de la apelante referido a que el fallo de origen se había apartado de las disposiciones que determinan que la obra social se halla legalmente obligada a brindar las prestaciones requeridas solo en el marco de un plan cerrado con sus prestadores y hasta el valor previsto en aquellas. Recordó el Tribunal que no hay razones que justifiquen eximir ni mitigar el deber de fundar las sentencias cuando se trata de reclamaciones fundadas en la tutela del derecho a la salud.
LeerEn el marco de un amparo iniciado contra una obra social tendiente a obtener la cobertura de los tratamientos de una niña con discapacidad la cámara decidió que la misma debía limitarse a los valores establecidos por el Ministerio de Salud. El Defensor Oficial interpuso un recurso contra dicha sentencia y la Corte la dejó sin efecto. Expresó que la cámara consideró central determinar el impacto que produciría en la economía familiar el tener que afrontar los gastos médicos de la menor, y juzgó necesario comprobar si –a la luz de dichas constancias- el derecho a la salud de la niña estaba en peligro pero que, sin embargo, no tuvo en cuenta dicha incidencia en modo alguno. Además, señaló que los importes por cada sesión de acompañante terapéutico habían quedado reducidos al haber encuadrado la cámara dicha prestación en el “Módulo Integral Simple” del nomenclador del ministerio lo que implicaba que la alzada había colocado a la única apelante en una peor situación que la resultante del pronunciamiento de primera instancia, violando el límite de su competencia, circunscripto a las cuestiones controvertidas.
Se suscitó un conflicto negativo de competencia entre un juzgado federal y un juzgado de garantías en la causa iniciada ante la denuncia de la cónyuge y los herederos del causante por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos públicos por haber advertido irregularidades en dos escrituras públicas por la venta de inmuebles del acervo hereditario mediante un poder de representación que resultaría inexistente.
La Corte resolvió que corresponde a la juez de garantías continuar el trámite de la causa, sin perjuicio de que si considera que el asunto concierne a otro magistrado de su misma provincia, le remita las actuaciones de acuerdo con el derecho procesal local cuya interpretación y aplicación es ajena a la jurisdicción nacional.
Para decidir de ese modo tuvo en cuenta que, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva resulte de la valoración de las circunstancias de los hechos y de los elementos de prueba, los jueces que participan en el conflicto coinciden en que no se advierte la intervención de funcionarios o empleados públicos nacionales en los sucesos denunciados, como tampoco un perjuicio directo al patrimonio del Estado nacional ni la puesta en peligro de intereses federales o alguna otra circunstancia que justifique la jurisdicción federal, de naturaleza excepcional y restrictiva.
La Municipalidad de Villa Gesell solicitó la declaración de nulidad del decreto de necesidad y urgencia 756/18 en tanto había derogado su similar 206/09, que había instaurado un fondo de afectación específica, integrado por el 30% de lo recaudado por el Estado Nacional en concepto de derechos de exportación aplicados sobre la soja ("Fondo Federal Solidario").
La cámara consideró que contaba con legitimación para instar la acción y ordenó dar curso a la acción.
La Corte revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda.
Señaló que el municipio no resultaba titular de relación jurídica alguna con el Estado Nacional, en lo que respecta a dicho fondo y que el hecho de que hubiere recibido de la provincia de Buenos Aires un porcentaje de los fondos recaudados no le otorga legitimación suficiente para solicitar la declaración de inconstitucionalidad del decreto cuestionado, pues ello no revela la existencia de un vínculo jurídico directo con el accionado.
Recordó el Tribunal que la existencia de un "caso" o "causa" presupone la de "parte", es decir, de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso.
La actora, en representación de su madre, interpuso acción de amparo contra la aseguradora de riesgos del trabajo a fin de obtener la cobertura total de su internación para rehabilitación en el centro a donde el médico había requerido su traslado, según lo requeriría el tratamiento de las secuelas ocasionadas por la patología profesional que invocaba. En ese marco, se originó un conflicto negativo de competencia entre la justicia de garantías local y la justicia federal provincial. La Corte resolvió que resultaba competente el Juzgado de Garantías de Lomas de Zamora. Explicó que, dado que la cuestión en disputa aparecía directamente vinculada con aspectos de derecho laboral común y la acción se dirigía contra un sujeto de derecho privado, su tratamiento resultaba ajeno al fuero federal y correspondía atribuir la causa a la justicia ordinaria.
Leer La Corte dejó sin efecto una sentencia por considerar que no había un acto judicial válido. En el caso sometido a su jurisdicción, sostuvo que la validez de un fallo depende no solamente de que la mayoría convenga en la parte dispositiva, sino que también exhiba una sustancial coincidencia en los fundamentos y que, si bien las decisiones del Tribunal están en principio limitadas a los planteos formulados por los litigantes, resulta insoslayable declarar la inexistencia de aquellas sentencias que carecen de los requisitos indispensables para ser consideradas un acto judicial válido.
Consideró que sólo uno de los jueces se había expedido sobre la supuesta inaplicabilidad del artículo 10 de la ley 26.682 de Medicina Prepaga pues el otro vocal se había limitado a fallar de acuerdo a lo resuelto en otro precedente que abordaba únicamente la cuestión de la cuota diferencial que correspondía aplicar asumiendo que el conflicto estaba regido por el artículo mencionado, pero no había examinado el planteo referido a la posible configuración del presupuesto de aplicación de la facultad resolutoria prevista en el artículo 9.
La Corte recordó que las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales o aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas.
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